Miles de militares recibieron presiones, amenazas y advertencias en los días previos para que no asistieran a la concentración contra la Ley de la Carrera Militar que se celebró el 23 de mayo en Madrid.
Malas artes contra derechos ciudadanos.
La Cadena COPE tiene constancia de que se celebraron reuniones en muchos cuarteles para prohibir explícita o tácitamente la participación en ese acto. Así ocurrió en la Briac XII (Brigada de Infantería Acorazada “Guadarrama”) con base en El Goloso, en el Cuartel General del Mando de Ingenieros en Salamanca, en el MADOC (Mando de Adoctrinamiento y Doctrina) en Granada, en la Escuela de Guerra del Ejército en Madrid, y en otras unidades. En la Briac se informó el miércoles 20 de mayo de que los militares que acudieran a la manifestación de paisano serían sancionados con falta grave y que si iban de uniforme serían acusados de un delito.
En el Cuartel General del Mando de Ingenieros el suboficial mayor citó el jueves 21 de mayo a todos los suboficiales y les comunicó que “por orden del general” quedaba “terminantemente prohibido asistir a la concentración del día 23”. Solicitaron la orden por escrito, pero no se les entregó.
En el Mando de Adoctrinamiento y Doctrina el viernes 22 cada jefe se reunió con su sección y les recordó sutilmente que los militares tenían restringidos por ley los derechos de asociación y manifestación.
En otra unidad las presiones se ejercieron en reuniones a puerta cerrada y también en las formaciones de las compañías en las explanadas. La concentración contra la Ley de la Carrera Militar fue debidamente autorizada por la Delegación del Gobierno en Madrid y convocada por la Asociación Unificada de Militares Españoles, una asociación legal. A pesar de las advertencias asistieron al acto 300 militares a cara descubierta.
Los jefes de unidades, l(a mayoría de ellos son apesebrados) se han permitido el lujo de convocar una reunión en sus acuartelamientos; para de forma verbal (no han tenido co... de darlo por escrito) amenazar con castigos a los asistentes a la puerta del Defensor del Pueblo, para entregar sus quejas. Han cometido una infracción tipificada en nuestro actual ordenamiento jurídico, al amenazar de ésta forma a sus subordinados. ¿Abrirá la Chacon un expediente de investigación para depurar responsabilidades? Creo que no. Ella es RUBIANES
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